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viernes, 11 de abril de 2025
lunes, 6 de febrero de 2023
En 2023 Mareas por la Educación Pública llama a la celebración de Asambleas por la bajada de ratios y la defensa de la Educación Pública
Mareas por la Educación Pública se ha reunido el 31 de enero y llama a la
celebración de Asambleas en todos los territorios con el fin de analizar las
diferentes iniciativas propuestas e impulsar la movilización por la defensa de
la Educación Pública, laica, inclusiva, democrática y de calidad de todas
y para todas.
Mareas por la Educación Pública se ha reunido el 31 de enero y llama a la celebración de Asambleas en todos los territorios con el fin de analizar las diferentes iniciativas propuestas e impulsar la movilización por la defensa de la Educación Pública, laica, inclusiva, democrática y de calidad de todas y para todas.
Lejos de fortalecer la Educación Pública muchas de las Administraciones Autonómicas siguen implementando un modelo privatizador y mercantilista, conservador en lo ideológico y de corte neoliberal que ve la Educación Pública como una amenaza y como una mercancía, negando derechos. En nombre de una libertad, liberal y pacata, minan el derecho a la libertad, pues impiden a las familias escoger plazas públicas, de conciencia, al imponer la religión y el veto parental, de cátedra, y lo que es más importante, el derecho fundamental a la Educación, pues eliminan plazas públicas, segregan al alumnado según su situación socioeconómica y recortan recursos para la inclusión educativa.
Mareas por la Educación Pública exige que las Administraciones Autonómicas cumplan con su labor de tutela del derecho fundamental a la Educación y amparen a la Educación Pública, la única que lo garantiza. Reclama a la Administración Central que no se inhiba para regular legislación que sirva para garantizar bajadas de ratios, la disminución de periodos lectivos de docencia directa del profesorado de manera que se cuide la calidad educativa y la atención hacia todo el alumnado en todos los territorios.
Asimismo, exige una mayor inversión en el acondicionamiento y en la construcción de nuevos centros públicos y para las medidas de atención a la diversidad.
Defendamos la Educación de todos de todas, la Educación Pública. La Educación no es su negocio. Asimismo, Mareas por la Educación Pública expresa el apoyo a las movilizaciones en defensa de la Sanidad Pública y Universal, un derecho fundamental y un patrimonio común, de todos y de todas.
A pesar de esto, y a pesar de los ataques de los defensores de una educación privatizada y segregadora, Mareas por la Educación Pública seguirá defendiendo una Educación Pública, se reunirá en marzo para analizar y proponer las próximas acciones y llama a la movilización en defensa de la Educación Pública.
Mareas por la Educación Pública
2 de febrero de 2023
Enlace al documento para imprimir: aquí.
sábado, 21 de noviembre de 2020
Mareas por la Educación Pública ante los ataques vertidos por los partidos de derecha y ultraderecha y por representantes de la enseñanza privada-concertada (Comunicado de prensa. Noviembre de 2020)
Desde Mareas por la
Educación Pública expresamos nuestra más absoluta disconformidad e
indignación ante los ataques sufridos por los sectores representantes de la
enseñanza privada-concertada y los partidos que la apoyan ante la aprobación de
la LOMLOE o Ley Celaá. A estos
ataques hay que añadir el agravante que supone la utilización de niños y niñas
en las manifestaciones organizadas y la lectura de manifiestos contra la LOMLOE
en muchas aulas de centros educativos privados-concertados. No deja de ser curioso
cuando son ellos precisamente los que pregonan ese mantra falaz repetido hasta
la saciedad, en especial por la extrema derecha, de que la enseñanza pública
adoctrina.
Es más, nos indigna profundamente que de repente se hayan
convertido en los adalides de la libertad de enseñanza, defendiendo el ya tan
manido argumento de la “libertad de elección”, argumento completamente falaz.
En primer lugar, en ninguna legislación, ni siquiera en la Constitución,
aparece mencionada como tal, y en segundo lugar porque están defendiendo elegir
segregación y clasismo.
Está claro que solo pueden acceder a esa “libertad” de
elegir un centro privado-concertado aquellas familias que puedan permitirse
pagar las cuotas, donaciones, uniformes y otros gastos. Aquí es donde tenemos
que recordar que son centros privados subvencionados con fondos públicos
y, por tanto, aunque tienen obligación de ser gratuitos en las etapas
obligatorias, cuentan con doble financiación mediante el cobro de cuotas y
donaciones, haciendo competencia desleal tanto a la educación pública como
a la privada. Además, los centros privados-concertados tienen un menor número
de alumnado migrante y de alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo. Y tampoco llega a todas partes como tanto defienden, solo llegan
donde hay una oportunidad de negocio, por lo que su presencia en áreas rurales
es prácticamente inexistente.
Además han aprovechado la oportunidad para mezclar otros
temas como el que el castellano deje de ser “lengua vehicular”, elemento introducido
en una ley de educación por primera vez en la LOMCE, o el supuesto cierre de
los centros de educación especial que no es tal. El primer asunto no va a
afectar en nada a la competencia lingüística puesto que las
competencias, como se debería saber, están transferidas a las comunidades
autónomas. Esto recuerda a una nostalgia franquista con su visión totalitaria
del español como lengua del imperio. La negación de la realidad
plurilingüe del estado español, supone un ataque a las lenguas
cooficiales reconocidas en el Artículo 3 de la Constitución, esa que tanto
presumen de defender y de la que de vez en cuando hay que recordarle ciertos
artículos, y a otras lenguas regionales como el asturiano que aspira a tal
cooficialidad.
Respecto al
supuesto cierre de los centros de educación especial, la nueva Ley de
Educación, en su Disposición adicional cuarta, dispone que Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de
escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas
de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el
artículo 74 de esta Ley. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones
educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo
con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los
recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado
con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el
apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de
escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy
especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los
centros ordinarios.
El problema
radica en que muchos de estos centros tienen concierto y, temerosos de que se
les acabe el negocio, contraatacan con argumentos falsos.
Desde Mareas por la
Educación Pública defendemos que hay temas
importantes que sí se han quedado al margen. Tendríamos que estar
hablando de una financiación apropiada de la escuela pública. Tendríamos que
estar hablando de bajadas de ratios y de disminución de periodos lectivos de
docencia directa del profesorado que tanto daño han hecho. Tendríamos que estar
hablando de mayor inversión en acondicionamiento y en la construcción de nuevos
centros públicos. También tendríamos que estar hablando de otros temas como la
salida de las religiones del ámbito educativo. Deberíamos estar hablando de la
progresiva incorporación de los centros privados-concertados a una red única de
titularidad y gestión pública.
Se han quedado muchos temas fuera de esta nueva ley de educación.
A pesar de esto, y a pesar de los ataques de los defensores de una educación
privatizada y segregadora, seguiremos defendiendo una Educación Pública, laica,
inclusiva, democrática, de calidad y segura, de todas y para todas.
Mareas por la
Educación Pública
Noviembre de 2020
Manifiesto sobre la LOMLOE
Manifestamos nuestra profunda preocupación ante el estado de la nueva Ley de Educación (LOMLOE), que actualmente se encuentra en periodo de tramitación en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.
Poco después de la aprobación de la LOMCE con el rechazo de la Comunidad Educativa, de colectivos y organizaciones sociales y sindicales, y de la mayoría de los partidos políticos del Congreso, numerosos colectivos empezamos a trabajar un documento para una nueva ley de Educación.
Fruto de años de laborioso e intenso trabajo, consensuamos en septiembre de 2017 el “Documento de bases para una nueva Ley de Educación”.
Firmamos el documento cuarenta y un colectivos y organizaciones sociales, sindicales y políticas, entre las que están el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Podemos y Esquerra Republicana, unidos en Redes por Una Nueva Política Educativa.
Publicado el Anteproyecto de Ley de Educación y habiendo constatado que no se recogían en él cuestiones que consideramos indispensables para una ley de largo recorrido y que da cobertura a determinadas políticas desarrolladas desde diferentes gobiernos autonómicos, Redes por una nueva política educativa presentamos un documento de casi cien enmiendas en febrero de 2020. Estas enmiendas están basadas tanto en el Documento de Bases como, de forma más esquematizada, en el Decálogo que lo acompaña.
La Educación es un Derecho fundamental. Se hace necesario, por tanto, introducir cambios profundos en el sistema educativo.
Los colectivos y personas firmantes de este Manifiesto planteamos que la nueva Ley de Educación, la LOMLOE, ha de garantizar:
El Derecho a la educación desde el nacimiento. Es imprescindible incrementar progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo de Educación Infantil, priorizando las ofertas de ciclo completo para preservar su unidad en centros específicos, e introducir la figura de la pareja educativa que representa la cooperación educativa tutoría del grupo-clase.
La redistribución de los recursos a los centros educativos para favorecer la inclusión social y garantizar la igualdad de derechos mediante una escolarización equilibrada
La coeducación en todo el sistema educativo. En ningún caso se concertarán centros o unidades que separen al alumnado por su género o su orientación sexual.
La financiación presupuestaria por ley del 7% del PIB.
Un currículo diverso -científico, humanístico, artístico…-; inclusivo, que forme a una ciudadanía crítica, informada y democrática, basado en la accesibilidad Universal y el DUA, anulando o modificando las medidas que producen segregación; laico, sin idearios particulares; que evite el enciclopedismo y que ponga en el centro la coeducación y la educación ecosocial.
La disminución de las ratios en todas las etapas educativas para responder a las necesidades del alumnado.
La supresión de las evaluaciones externas censales para la homogeneización del aprendizaje y carácter anónimo de las pruebas muestrales y plurianuales realizadas al alumnado.
La supresión de toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar. La enseñanza de la religión católica y de otras religiones ha de estar fuera del horario lectivo de los centros educativos, como corresponde a una escuela pública y laica, en un estado constitucionalmente aconfesional, hasta tanto no se denuncien o deroguen los acuerdos con las entidades religiosas.
La Red única de centros de titularidad y gestión pública e integración progresiva de centros concertados en la red pública. El dinero público ha de financiar la Escuela Pública.
La participación democrática de estudiantes y familias.
La elección democrática de la dirección por el Consejo Escolar de los centros educativos. Asimismo, la dirección ha de ser representativa y colegiada, con alternancia de tareas administrativas y pedagógicas, no profesional.
La autonomía de los centros, restableciendo las competencias de los Consejos Escolares, en un marco de equidad evitando la discriminación entre centros.
La formación inicial y permanente de los docentes y la investigación educativa como fundamento y apoyo a la transformación de la educación, así como la coordinación en la elaboración de planes de refuerzo y mejora.
Todos estos factores, claves para un nuevo sistema educativo que responda a un verdadero cambio social basado en los principios de inclusión, laicidad, igualdad, equidad, democracia, convivencia y cohesión social, no los encontramos en el anteproyecto de ley.
Dado que la mayor parte de nuestras enmiendas no se han contemplado en el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, les instamos a que las incluyan en el periodo de votación de las comisiones que está teniendo lugar durante estas semanas.
Como hemos proclamado en numerosas ocasiones e indica el propio documento de derogación y modificación de la LOE y la LOMCE, no se trata de volver a la LOE.
Si la LOMLOE se va a limitar a derogar algunos aspectos negativos de la LOMCE y a hacer una declaración de principios que no se concretan en el articulado, en su desarrollo posterior ni en su financiación, no será nuestra ley.
20 de octubre de 2020
Adhesión de organizaciones, colectivos, movimientos sociales…
Adhesiones a título individual
jueves, 29 de octubre de 2020
domingo, 14 de junio de 2020
Mareas por la Educación Pública siguen marcando el camino para el inicio de Curso 2020/21 (Comunicado de MxEP. 14 de junio de 2020)
Desde Mareas por la Educación Pública queremos expresar nuestra indignación ante las instrucciones sobre el inicio del próximo curso del Ministerio de Educación y Formación Profesional acordadas con las Consejerías de las CCAA.
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