Desde Mareas por la
Educación Pública expresamos nuestra más absoluta disconformidad e
indignación ante los ataques sufridos por los sectores representantes de la
enseñanza privada-concertada y los partidos que la apoyan ante la aprobación de
la LOMLOE o Ley Celaá. A estos
ataques hay que añadir el agravante que supone la utilización de niños y niñas
en las manifestaciones organizadas y la lectura de manifiestos contra la LOMLOE
en muchas aulas de centros educativos privados-concertados. No deja de ser curioso
cuando son ellos precisamente los que pregonan ese mantra falaz repetido hasta
la saciedad, en especial por la extrema derecha, de que la enseñanza pública
adoctrina.
Es más, nos indigna profundamente que de repente se hayan
convertido en los adalides de la libertad de enseñanza, defendiendo el ya tan
manido argumento de la “libertad de elección”, argumento completamente falaz.
En primer lugar, en ninguna legislación, ni siquiera en la Constitución,
aparece mencionada como tal, y en segundo lugar porque están defendiendo elegir
segregación y clasismo.
Está claro que solo pueden acceder a esa “libertad” de
elegir un centro privado-concertado aquellas familias que puedan permitirse
pagar las cuotas, donaciones, uniformes y otros gastos. Aquí es donde tenemos
que recordar que son centros privados subvencionados con fondos públicos
y, por tanto, aunque tienen obligación de ser gratuitos en las etapas
obligatorias, cuentan con doble financiación mediante el cobro de cuotas y
donaciones, haciendo competencia desleal tanto a la educación pública como
a la privada. Además, los centros privados-concertados tienen un menor número
de alumnado migrante y de alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo. Y tampoco llega a todas partes como tanto defienden, solo llegan
donde hay una oportunidad de negocio, por lo que su presencia en áreas rurales
es prácticamente inexistente.
Además han aprovechado la oportunidad para mezclar otros
temas como el que el castellano deje de ser “lengua vehicular”, elemento introducido
en una ley de educación por primera vez en la LOMCE, o el supuesto cierre de
los centros de educación especial que no es tal. El primer asunto no va a
afectar en nada a la competencia lingüística puesto que las
competencias, como se debería saber, están transferidas a las comunidades
autónomas. Esto recuerda a una nostalgia franquista con su visión totalitaria
del español como lengua del imperio. La negación de la realidad
plurilingüe del estado español, supone un ataque a las lenguas
cooficiales reconocidas en el Artículo 3 de la Constitución, esa que tanto
presumen de defender y de la que de vez en cuando hay que recordarle ciertos
artículos, y a otras lenguas regionales como el asturiano que aspira a tal
cooficialidad.
Respecto al
supuesto cierre de los centros de educación especial, la nueva Ley de
Educación, en su Disposición adicional cuarta, dispone que Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de
escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas
de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el
artículo 74 de esta Ley. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones
educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo
con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los
recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado
con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el
apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de
escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy
especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los
centros ordinarios.
El problema
radica en que muchos de estos centros tienen concierto y, temerosos de que se
les acabe el negocio, contraatacan con argumentos falsos.
Desde Mareas por la
Educación Pública defendemos que hay temas
importantes que sí se han quedado al margen. Tendríamos que estar
hablando de una financiación apropiada de la escuela pública. Tendríamos que
estar hablando de bajadas de ratios y de disminución de periodos lectivos de
docencia directa del profesorado que tanto daño han hecho. Tendríamos que estar
hablando de mayor inversión en acondicionamiento y en la construcción de nuevos
centros públicos. También tendríamos que estar hablando de otros temas como la
salida de las religiones del ámbito educativo. Deberíamos estar hablando de la
progresiva incorporación de los centros privados-concertados a una red única de
titularidad y gestión pública.
Se han quedado muchos temas fuera de esta nueva ley de educación.
A pesar de esto, y a pesar de los ataques de los defensores de una educación
privatizada y segregadora, seguiremos defendiendo una Educación Pública, laica,
inclusiva, democrática, de calidad y segura, de todas y para todas.
Mareas por la
Educación Pública
Noviembre de 2020
